El dramático vertido del que se llama "barro rojo" en Hungría es además de un desastre ecológico, un ejemplo del poder del dinero y los intereses privados por encima del interés público. El consorcio de aluminio húngaro MAL, con sede en ésta ciudad industrial es el mejor ejemplo la desgraciadamente habitual relación incestuosa entre poder y dinero. El 21 de septiembre, trece días antes de que la ruptura de la presa de residuos de MAL sembrara la devastación, un informe del departamento nacional de medio ambiente aseguraba que todo estaba en orden en la instalación.
En 2006 la ONG ecologista "Levegö Munkacsoport" pleiteó sin éxito, denunciando el estado de las presas de residuos de la empresa, pero los tribunales sentenciaron que todos los documentos y protocolos estaban en orden. Se habló entonces de presiones de parte de Ferenc Gyurcsany, primer ministro hasta marzo del año pasado. Gyurcsany tuvo un papel clave en la privatización del aluminio, cuando MAL, fundada en 1963, fue privatizada en 1991. El accidente ha dado la razón a la ONG que denunciaba que MAL no gestionaba bien los residuos.
Prevaricación, privatización y desfachatez, son los títulos de esta universal situación. Ayer la empresa se descolgó con un comunicado en su Web asegurando que, "hasta el momento no se han podido precisar cuáles fueron las causas de la catástrofe" y diciendo que el barro rojo derramado, "no es considerado residuo peligroso según los estándares de la Unión Europea (UE)".
Su línea de defensa va a ser la de que este año muy lluvioso –ha llovido el doble de lo habitual- fue el responsable de que la presa se rompiera: una "catástrofe natural". Pero además, la empresa ya ha declarado que no está ni dispuesta ni en disposición de pagar los daños ocasionados, y solo dispone de un seguro de responsabilidad civil de 40.000.-
En definitiva, que parece que en contra de lo que se proclama, quien contamina no paga. Si en este caso, la empresa MAL se va de rositas, será no solo un desastre natural, sino un desastre político y social.
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