La guerra de las primas ha estallado definitivamente, y no hay buenos o malos, todos luchan contra todos. Unos contra otros, y todos contra el Gobierno. El diario Expansión ha publicado un artículo bastante ilustrativo al respecto. Los numerosos problemas del sector energético estallaron al mismo tiempo y es ya una guerra abierta. Lo último ha sido que las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa de momento) acudieron al Tribunal Supremo para recurrir el real decreto del carbón, aprobado el pasado viernes por el Gobierno.
Las eléctricas han pedido medidas cautelares para paralizar esa normativa, una forma velada de nuevas subvenciones a la minería nacional. Según la norma, las eléctricas deberán comprar carbón nacional para quemarlo en sus centrales. Las eléctricas consideran que esta normativa (con un sobrecoste para el recibo eléctrico que se llegó a estimar en 2.000 millones de euros en cuatro años) distorsiona el mercado. Algunas eléctricas tienen almacenado ya carbón nacional, sin consumir, para más de dos años en algunas instalaciones. El problema es grave para centrales de Gas Natural Fenosa en Galicia.
La Xunta avanzó ayer irá al Tribunal de Luxemburgo a poner una demanda contra el decreto del carbón. Como un efecto dominó, y dado que todo el sector energético está imbricado, ayer fueron saltando frentes uno a uno. El decreto del carbón también hunde la industria del gas, porque desplaza a esta materia prima del sistema eléctrico.
La Xunta avanzó ayer irá al Tribunal de Luxemburgo a poner una demanda contra el decreto del carbón. Como un efecto dominó, y dado que todo el sector energético está imbricado, ayer fueron saltando frentes uno a uno. El decreto del carbón también hunde la industria del gas, porque desplaza a esta materia prima del sistema eléctrico.
Sedigas, la asociación española del gas, presidida por Antoni Peris, reclamó ayer �con urgencia� que las negociaciones para un pacto de Estado de energía, que se supone que aún mantienen PP y PSOE, culminen cuanto antes. En juego hay, dice Sedigas, 90.000 empleos en el sector del gas.
También a las cifras recurrió ayer Juan Laso, presidente de la Asociación Fotovoltaica, que echó en cara la pérdida de casi 75.000 empleos desde 2008 en este sector por la incertidumbre regulatoria, por las normas que tratan de reducir las subvenciones a las renovables. Un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) echó leña al fuego, explicando que, a pesar de los intentos del Gobierno de reducir primas renovables, ese sobrecoste se disparará este año a 6.787 millones de euros, el 15,27% más de lo previsto por Industria.
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