Nuevas medidas para el sector eléctrico, seguimos sin rumbo y sin modelo energético coherente y sostenible.

El Consejo de Ministros de esta mañana ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley con medidas para el sector eléctrico.

El Ministro de Industria, Turismo y comercio, José Manuel Soria, ha anunciado la modificación del procedimiento de actualización de las actividades reguladas del sistema eléctrico, entre las que ha citado el transporte, la distribución, los sistemas extrapeninsulares y las primas al régimen especial.

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 661/2007, a partir del 1 de enero de 2013 las tarifas y primas se actualizaban en función del IPC -0,5 puntos; ahora, según las palabras del Ministro, lo hará en función “de la inflación subyacente a precios constantes”, con lo que espera obtener un ahorro de 330 a 340 millones de euros. 

El dato del subyacente a diciembre 2012 ascendió al 2,1%, de forma que las tarifas fotovoltaicas incrementarán su retribución en un 1,6%, en vez del 2,97% que figuraba en la propuesta de orden de peajes para 2013 que finalmente fue desestimada. 

El Ministro, adicionalmente, ha anunciado la supresión de la opción de pool + prima que recoge el RD 661/07. A partir de ahora, las instalaciones podrán escoger entre tarifa fija o pool, sin prima alguna, y no podrán cambiar de un sistema a otro. Esta modificación no afecta a la fotovoltaica, puesto que sólo tiene la opción de recibir una tarifa.  

El Ministro también ha anunciado, de una forma un tanto confusa, la remisión al Consejo de Estado de un Proyecto de Ley con un crédito extraordinario de 2.200 millones para cubrir las desviaciones sobre las previsiones de ingresos y costes de primas al régimen especial.

En definitiva, que el Gobierno sigue dando bandazos sin proponer, debatir ni diseñar un modelo energético coherente y sostenible. Algunas de las medidas afectan a la seguridad jurídica de muchas instalaciones e inversiones, pareciéndonos más a una república bananera que a un país desarrollado.

Y luego exigimos seguridad jurídica a algunos países en desarrollo. El nuestro parece más bien un país en vías de subdearrollo.